En los últimos meses, Francia ha seguido una política cada vez más derechista, en la que la extrema derecha ha encontrado un papel preponderante. Esta situación se ha agravado desde el 7 de octubre de 2023 con el atentado de Hamás a Israel donde el discurso dominante ve cualquier movilización en apoyo a Palestina como un ataque antisemita y una justificación del terrorismo.
La situación de guerra en Oriente Medio acentúa la intervención autoritaria del gobierno francés con una posición claramente definida por «el derecho de Israel a defenderse». No hace referencia a las atrocidades a las que ha sido sometido el pueblo palestino durante decenios como resultado de la política de asentamientos forzosos en la región mientras que el mundo entero es consciente de los crímenes y el genocidio perpetrados por el Gobierno israelí.
Las libertades fundamentales están siendo atacadas en Francia por aquellos que no hace mucho abogaban por la preservación de las libertades democráticas y el deber de bloquear a la extrema derecha. La realidad está disfrazada, parte de la izquierda y en particular Francia Insumisa es satanizada por su negativa a calificar a Hamas como movimiento terrorista, se hace todo lo posible para dividir y se utiliza la situación mundial como pretexto para imponer nuevos proyectos de ley que van en contra de las libertades que el país defendía hasta ahora.
El proyecto de ley de Inmigración, Integración y Asilo
El proyecto de ley sobre Inmigración, Integración y Asilo propuesto por el ministro del Interior pone fin a la universalidad de los derechos y a la igualdad de los extranjeros y adopta medidas aún más restrictivas que las leyes anteriores. Están en la línea de la xenofobia y del «gran reemplazo» que plantean ciertos movimientos de extrema derecha, con la lucha contra el islamismo en el centro. Por ejemplo, se trata de la «preferencia nacional» y de la privación de la nacionalidad, medidas propiciadas por la Agrupación Nacional, que ponen en tela de juicio el derecho a la tierra, el derecho de residencia, de asilo y la reunificación familiar. Se trata de medidas que facilitan los desahucios inmediatos, la eliminación de la asistencia médica y el derecho al acceso a la salud, que limitan al mismo tiempo la disponibilidad de alojamiento y la protección de los menores.
Los acalorados debates en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley y la revisión del Consejo Constitucional no impidieron su promulgación el 26 de enero, con la alianza de la derecha y la extrema derecha. Esta situación ha supuesto una crisis política extrema: se han puesto de manifiesto oposiciones y fracturas en el seno del Partido Socialista, de la derecha macronista y de su partido Renacimiento, pero también de los centristas del Módem, lo que ha provocado varias dimisiones de ministros. En algunas regiones y departamentos, los funcionarios electos han declarado que rechazan las medidas en la dirección de la «preferencia nacional» y que no aplicarán la ley con respecto a la restricción de los beneficios sociales, como los subsidios de autonomía, por ser una ayuda universal.
El voto de los Republicanos y de la Agrupación Nacional a favor de esta ley fue visto como una victoria ideológica de la extrema derecha pero no va a resolver ninguno de los problemas que surgen en el mundo de hoy con las guerras y las consecuencias del cambio climático que conducirán a terribles catástrofes humanitarias al obligar a las personas a abandonar sus países de origen y encontrar los medios para sobrevivir en otros lugares.
El odio xenófobo que subyace a esta ley significa, en última instancia, la degradación de los derechos de todos. La situación ha hecho visibles las acciones violentas de movimientos extremistas y neonazis que se han sentido respaldados para actuar abiertamente y con impunidad. Han causado daños significativos en varias ciudades, atacando o hostigando a alcaldes, obligando a algunos a renunciar, o a las oficinas de grupos de defensa de los migrantes.
La remodelación del gabinete se produce en el contexto de esta crisis. El nuevo primer ministro, Gabriel Attal, ha nombrado a cuatro personalidades de la derecha para puestos ministeriales, en lugar de favorecer el apoyo a Macron y su partido Renacimiento, acentuando aún más el malestar y la crisis política dentro de la mayoría. Unos 40 diputados del ala izquierda de Renacimiento y los que se oponían a la ley de inmigración se han distanciado y están hablando de crear un nuevo grupo parlamentario que seria autónomo.
La rabia del mundo agrícola
La expresión de la derecha también se ha sentido en la instrumentalización de la ira de los agricultores desde principios de año. El movimiento liderado por el sindicato agrícola dominante de derecha, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), con el apoyo de los Jóvenes Agricultores (JA), ha exigido la necesidad de hacer saltar por los aires las normas administrativas y las del derecho ambiental, lo que caricaturescamente llaman «ecología punitiva», para revisar la Política Agrícola Común (PAC) y los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión Europea. Esta es la posición expresada por los grandes grupos y multinacionales de la industria agroalimentaria, el sector de la gran distribución y los grandes propietarios. A este movimiento se sumó la Coordinadora Rural, aún más a la derecha, que llevó a cabo acciones de extrema violencia contra la propiedad y las personas.
El enfado de los agricultores no es nuevo, es el resultado de las políticas públicas liberales y de las directivas de la Unión Europea, que no ponen en el centro la cuestión social y el hecho de que los agricultores deben poder vivir dignamente de su trabajo. Esto significa desarrollar otra concepción de la sociedad que permita redefinir las relaciones entre productores, transformadores, distribuidores, con el fin de reequilibrar la situación de toda la cadena alimentaria, de actuar sobre las condiciones del endeudamiento y de salir del productivismo, así como sobre las condiciones de trabajo de la mano de obra agrícola.
La concentración está presente en el mundo rural. Más de 100.000 pequeñas explotaciones han desaparecido en Francia en los últimos diez años. Las pequeñas estructuras no pueden competir con los grandes agricultores intensivos, como los grandes productores de cereales y remolachas, y las cifras muestran que el 20% de los agricultores se encuentran por debajo del umbral de pobreza, mientras que los beneficios de la industria agroalimentaria se han duplicado, pasando de 3100 millones a 7000 millones de euros.
La agricultura intensiva utiliza plaguicidas para aumentar la producción, destruyendo los ecosistemas, matando la biodiversidad y todo lo que está vivo, incluidos los propios agricultores que sufren graves problemas de salud con el uso de productos fitosanitarios, la contaminación del aire y del agua, y mueren prematuramente de enfermedades graves. Según un llamamiento lanzado recientemente por 13 mutualidades, 23 millones de franceses sufren enfermedades crónicas y cánceres debido a la exposición a los plaguicidas (60.000 toneladas utilizadas al año) pero también al amianto (200.000 toneladas todavía presentes en los edificios).
Hay una necesidad vital de otra política en torno a la agricultura campesina que permita alimentar a la población sanamente, sobre la base de precios justos para los agricultores, lo que defienden la Confederación Campesina y otras estructuras asociativas que buscan adquirir tierras para la instalación de jóvenes agricultores que quieren organizarse en torno a nuevas relaciones de trabajo más solidarias.
El nuevo gobierno se encontró en plena crisis del mundo agrícola, con la obligación de gestionar los bloqueos de carreteras por los tractores, los depósitos de purines ante los ayuntamientos, las prefecturas y los edificios administrativos. Así, las medidas adoptadas para satisfacer a los agricultores son contrarias a las medidas necesarias para la transición ecológica: retorno del uso de plaguicidas prohibidos, abandono de los indicadores que permiten medir las dosis de sustancias activas utilizadas por hectárea.
Los agricultores vinculados a la FNSEA tienen, pues, una parte de sus reivindicaciones satisfechas, ¡pero a qué precio! Los movimientos de lucha por el medio ambiente, en particular contra la privatización del agua por parte de estos mismos agricultores mediante la instalación de mega-cubetas, tienen por su parte graves penas de justicia, que van hasta varios años de prisión, por atreverse a llevar a cabo acciones no violentas. El doble rasero es lo que aplica el gobierno en su política liberal, especialmente en el caso de las movilizaciones de agricultores.
Europa y las próximas elecciones
Se asiste pues a un retroceso importante en Francia, pero también a nivel europeo, donde la presión de la derecha y de la extrema derecha está actuando. Es el caso del proyecto sobre la «restauración de la naturaleza», que se ve perjudicado por una directiva del Parlamento Europeo, con una propuesta de la Comisión Europea de volver a autorizar el glifosato durante un período de diez años y una posible introducción en el país de una nueva generación de OMG. Estas medidas cuentan con el apoyo de multinacionales como Unilever, Nestlé, Coca Cola. Es el conjunto del «Pacto Verde» el que se pone en tela de juicio ya que ha sido declarado demasiado vinculante por estos grandes grupos que detentan el poder en el sector agrícola.
Los intereses capitalistas están al mando en un clima de crisis y de falta de control de la situación donde la población se rebela por todas partes, librando numerosas luchas para obtener mejores condiciones de vida y contrarrestar los efectos de los desórdenes climáticos. Los agricultores expresan su rabia en gran parte de los países europeos: Alemania, Polonia, Rumanía, Países Bajos, España, Bélgica. Un comunicado de 6 centrales sindicales europeas señala una situación que se ha vuelto insostenible, que puede comprometer la supervivencia de los productores de la Unión Europea.
En la preparación de las elecciones europeas parece que por el momento solo la extrema derecha está en condiciones de llevar a cabo una campaña. Así lo demuestra la creación de alianzas entre partidos de extrema derecha en varios países europeos, como en Italia, España, Polonia, Países Bajos, Hungría, Eslovaquia, con el fin de obtener el máximo de votos y escaños en el Parlamento Europeo. Dia tras día las encuestas intentan demostrar que el resultado de estas elecciones 2024 esta en manos de los movimientos populistas y de extrema derecha con una puntuación que estaría en torno al 30% de los votos.
La crisis se agrava con el contexto de guerra a las puertas de Europa y la competencia que representan las importaciones de productos agrícolas de Ucrania que hacen bajar los precios y afectan a los ingresos de los agricultores. Sin embargo, Europa votó un presupuesto de 50.000 millones de euros de armamento a Ucrania, con el apoyo de los grandes grupos industriales, a expensas de las condiciones sociales y medioambientales, sin el consentimiento de los parlamentos y aún menos de las poblaciones. ¡Y estos mismos países se atreven a proclamarse únicos defensores de las libertades democráticas!
El ministro de Economía, Bruno Le Maire los recortes presupuestarios inmediatos de los créditos asignados por un importe de 10.000 millones de euros que afectan a todos los sectores – juventud y vida asociativa, funcionamiento del Estado, educación nacional, transición ecológica, cultura, etc. – para responder al objetivo de reducir el déficit y tener en cuenta «el nuevo contexto geopolítico» relativo a Ucrania y Oriente Próximo. Pero no menciona el acuerdo de cooperación firmado entre Francia y Ucrania, tras los compromisos del G7 en la última cumbre de la OTAN, que implica 3.000 millones de ayuda suplementaria durante diez años destinada a Ucrania en su guerra contra Rusia.
En este contexto en el que la derecha sigue el ejemplo de la Agrupación Nacional, que defiende a dos de sus temas predilectos – la lucha contra la inmigración y la transición ecológica – y donde Macron y su gobierno muestran claramente su voluntad de avanzar en la escalada de la guerra, se podría esperar una gran cantidad de reacciones de los partidos de izquierda. Pero éstas tardan en llegar debido a la gran confusión que muestran en sus tomas de posición sobre estas cuestiones que no son solo geopolíticas, sino que se refieren a la estrategia para derribar el sistema capitalista y construir otra sociedad basada en los valores del socialismo.
La izquierda en Francia partió completamente dividida en estas elecciones, no habiendo llegado a ningún acuerdo para llevar a cabo una lista de unión. Esto da la impresión de una cierta renuncia cuando la crisis del capitalismo nunca ha sido tan profunda.
Febrero de 2024