El gobierno socialista apoyado por Unidos Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vasco, que surgió de la moción de censura a Rajoy, no pudo superar la aprobación de los presupuestos presentados en febrero.
Las diferencias frente a Cataluña y las exigencias de los sectores independentistas que plantean el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, un nuevo referéndum y, especialmente en estos momentos, pedían una medida favorable a los presos enjuiciados por el proceso catalán, condujeron los acuerdos a una situación sin salida.
Estos presupuestos defendidos por el gobierno con el respaldo de Unidos Podemos eran los más sociales de la última etapa. Se destinaba más dinero para becas universitarias, para las personas dependientes, vivienda, empleo juvenil e igualdad. Se promulgó la ley que garantiza sanidad universal para todos que había sido recortada por el gobierno del Partido Popular que excluía a inmigrantes y otros sectores marginados.
El Pacto de Violencia de Género recibía 220 millones y las cuentas de este año incluían un plan de 20.000 viviendas para un parque público de alquiler a precios asequibles. El empleo juvenil contaría con 670 millones para un plan de choque y las políticas de fomento de empleo alcanzarían los 6 mil millones de euros, un 4,7% más que el año pasado. Se destinarían 10 mil millones a infraestructuras, la mayor inversión desde 2012 y que, gran parte, iría a financiar obras en Cataluña postergadas por el gobierno de la derecha.
A pesar de estos progresos los partidos nacionalistas catalanes negaron su apoyo y no tuvieron en cuenta el aumento del salario mínimo a 900 euros, la actualización de las pensiones y la recuperación de la Ley de Memoria Histórica con la propuesta más importante de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y que se trasladaran a un lugar privado. Esta última medida fue prorrogada para después de las elecciones en una actitud débil del Partido Socialista.
Las propuestas pendientes de esta legislatura
Esta corta legislatura del gobierno del PSOE dejó pendientes temas muy importantes prometidos cuando asumió:
No se reguló el precio del alquiler de la vivienda, defendido especialmente por Podemos. En Cataluña, el sindicato de inquilinos, de reciente creación, consiguió, en su lucha, que se aprobara una ley que impide a los bancos desahuciar a las familias de pocos recursos y deberán ceder los pisos vacíos a los ayuntamientos. Ahora, se exige que esta medida se implemente en toda España y la expulsión de los fondos buitres, capitales que invierten para especular con la vivienda.
No se redujo la factura de la luz como se había prometido, siendo la más cara de Europa.
No se revalorizaron las pensiones de acuerdo a la subida del IPC (Índice de Precios al Consumo).
No se aplicó el plan de choque para reducir las listas de espera en sanidad y no se revirtieron los recortes de personal y medios de los últimos años que hoy está colapsando las urgencias de los hospitales.
No se derogó la ley Mordaza, que limita y reprime los derechos de expresión y movilización cuya aplicación condujo a la detención de dirigentes sindicales, músicos, poetas y artistas.
Uno de los temas más importantes que ha quedado pendiente es la derogación de las Reformas Laborales hechas en los anteriores gobiernos de Zapatero y Rajoy que garantizaron a los empresarios el despido libre y precarizaron a los trabajadores disparando el pluriempleo. En el mes de enero un tercio de los contratos duró menos de 15 días y el 90% fueron temporales. El Banco de España, en una declaración plantea que la reforma laboral no ha servido para reducir los índices de temporalidad y esto incide negativamente no sólo en la productividad sino también en la desigualdad de los ingresos laborales. Esta situación de precariedad ha llevado a que más de tres millones de horas extras diarias no se pagan aumentando la explotación de los trabajadores.
Los sindicatos, especialmente UGT y Comisiones Obreras, no han llevado una ofensiva para derogar todas estas leyes que afectan el salario y la vida del movimiento obrero y demás sectores explotados.
Si bien ha habido importantes luchas como en Astilleros, Alcoa (aluminio), Transportes y triunfos como en Coca Cola y Cacaolat, la solidaridad de los movimientos sociales y la población no ha sido suficiente para extender y generalizar estos conflictos a otros sectores de la industria y servicios. Están las condiciones para impulsar una Huelga General en defensa de los derechos de los trabajadores que se han perdido durante esta crisis.
Pero, un acontecimiento muy decisivo y que ha influido en un cambio de la relación de fuerzas ha sido y es la lucha de las mujeres y la Huelga mundial el 8 de marzo en defensa de la igualdad y en contra del patriarcado y el capitalismo. Esta rebelión de las feministas expresa un nivel muy profundo de maduración en el conjunto de la sociedad y al que las direcciones de la izquierda no dan respuesta.
Las consignas de las movilizaciones se resumían en “venimos a cambiarlo todo” y ese es el objetivo que guió al conjunto de movilizaciones que sacudieron la conciencia mundial.
Ante este escenario y con las próximas convocatorias electorales de abril y mayo la situación de la izquierda se encuentra debilitada política y programáticamente. El Partido Socialista tiene una perspectiva de crecimiento recogiendo el voto útil pero tiene en su interior un sector de derecha en el aparato que defiende las políticas de la Unión Europea y es defensor del mercado y de la privatización de los servicios públicos
Podemos ha perdido bastante del impulso inicial consecuencia del retroceso en su programa y de un funcionamiento concentrado en sus direcciones impidiendo la participación del conjunto de los círculos y de la militancia.
Esto ha llevado a una disputa de los distintos sectores y a la ruptura del sector más reformista encabezado por Errejón, hasta ese momento número dos de la organización. Los conflictos en los diferentes territorios que se han multiplicado son producto de la misma situación y de la pérdida de autoridad de la dirección de Pablo Iglesias.
Conclusiones de las elecciones en Andalucía
Las elecciones en Andalucía han sido un golpe importante para los partidos de izquierda. Las perspectivas que daban las encuestas no se cumplieron y la campaña electoral que diseñaron el PSOE y Adelante Andalucía (Podemos-Izquierda Unida) los llevó a enfrentarse por los votos progresistas desalentando a sus propios electores.
La derecha radicalizó sus posiciones con un programa populista y xenófobo. La irrupción de VOX (partido de la ultraderecha) condicionó la campaña y las propuestas electorales, tanto del PP como de Ciudadanos. Pero, el objetivo fundamental era debilitar al gobierno de Pedro Sánchez y a la izquierda en general.
La ultraderecha salió con un programa claro contra los inmigrantes, defensa de la bandera, el himno y la corona, derogación de la ley de violencia de género y la ley de Memoria Histórica. Las autonomías y, especialmente, el conflicto catalán, estuvieron presentes en los actos y en la agenda electoral.
En estas elecciones autonómicas participó el 58% de la población con una abstención de alrededor del 42%.
Los resultados fueron los siguientes:
PSOE 33 diputados 1.009.000 votos 28%
PP 26 “ 750.000 “ 20,8%
Ciudadanos 21 “ 660.000 “ 18,3%
Podemos –IU 17 “ 584.000 “ 16,2%
Vox 12 “ 396.000 “ 11%
Con respecto al 2015 el PSOE perdió 400 mil votos, el PP 300 mil y Adelante Andalucía (Podemos) 280 mil. El trasvase de votos ha sido del PP a Vox, del Partido Socialista a Ciudadanos y una parte importante de la izquierda se abstuvo porque no encontró respuesta política y programática en Adelante Andalucía.
No es suficiente la defensa de los servicios públicos y de los derechos sociales y laborales sino que hay que implementar políticas económicas para crear empleo y luchar por una existencia digna para la clase obrera y los sectores más desfavorecidos. Eso significa tomar medidas o planteárselas que afecten a la banca, las grandes empresas y los fondos de inversión.
Otro tema que no estuvo en esta campaña ha sido el de la deuda que está desangrando a los países del sur de Europa impidiendo su crecimiento y aumentando las desigualdades. Tampoco se planteó el tema de los gastos militares y la OTAN.
La respuesta de las direcciones de la izquierda ante esta derrota en Andalucía ha sido muy limitada evitando la autocrítica y centrando su discurso en el avance inexorable de la ultraderecha y “ la necesidad de un frente para defender la justicia social, la fraternidad y la democracia”.
La izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales tienen que debatir una respuesta programática y política a la crisis y agotamiento del sistema capitalista. No se puede exigir a las empresas eléctricas evitar los cortes de energía a las familias sin recursos, ni se puede obligar a los fondos buitres que saquen sus viviendas al mercado a precios sociales cuando ellos han invertido con el objetivo de especular.
Para evitar que las consecuencias de las políticas de las multinacionales recaigan en los sectores más desfavorecidos la única vía es la expropiación y el control de los principales recursos y servicios por el Estado.
El debate en las próximas elecciones es la construcción de un gobierno que plantee medidas de nacionalizaciones y transformaciones sociales.
La izquierda no puede atacar, alejarse o criticar una de las experiencias más importantes y profundas que se han desarrollado en beneficio de la clase obrera y los sectores explotados, como es el caso de Venezuela.
Es una debilidad muy grande que el Gobierno de Pedro Sánchez haya encabezado el reconocimiento a Guaidó en nombre, prácticamente, de casi toda la Unión Europea, alineándose con Estados Unidos, si bien ahora ha tomado cierta distancia ante la posibilidad de una intervención militar.
Podemos, en su línea de retrocesos, se retractó del apoyo a la revolución bolivariana y, aunque rechaza el golpe al gobierno de Maduro, toma distancia en la defensa de lo que significan los avances revolucionarios que comenzaron con los gobiernos de Chávez.